El Consejo de Innovación para la Competitividad, establecido por Decreto del Presidente de la República, tiene como misión explícita proponer lineamientos para una estrategia nacional de innovación para la competitividad de largo plazo, proponer medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Innovación y la efectividad de las políticas e instrumentos públicos en la materia y proponer criterios de asignación de recursos del Presupuesto del Sector Público en este ámbito.
En consecuencia, de los grandes objetivos nacionales de la próxima década, el crecimiento económico para elevar el nivel de vida de los chilenos y crear más y mejor empleo y una mejor protección social como condición de una sociedad más integrada, más igualitaria y más libre, a este Consejo se le pide contribuir, desde una perspectiva específica, la innovación para la competitividad, a estos desafíos-país.
Es sabido —en ello coinciden todos los estudios más recientes a nivel internacional— que el crecimiento está determinado por la productividad total de factores (PTF), más que por aumento en la cantidad de trabajo y capital, y la mayoría de ellos señala que el factor de mayor significación en el incremento de la PTF es la innovación tecnológica. Esta apreciación es plenamente aplicable a Chile dada su alta y creciente inserción en la economía global y su vocación exportadora.
El éxito vivido por nuestro país en solidez macroeconómica, internacionalización de su economía, reducción del riesgo país, estabilidad política y solidez de su institucionalidad democrática, ha producido en algunos sectores del campo económico-productivo un ambiente de complacencia, la sensación de que nos espera, al alcance de la mano, un futuro lleno de logros al amparo de los tratados de libre comercio y de las ventajas comparativas de nuestros recursos naturales.
Nada más alejado de la realidad. En el mundo en el que competimos se innova vertiginosamente en todos los sectores, incluidos, por cierto, los basados en la explotación de recursos naturales; haciendo sus empresas uso pleno de las tecnologías de la información, la biotecnología, la nanotecnología y tantos otros progresos científicos y tecnológicos, insertos en entornos culturalmente abiertos al cambio y la innovación. En síntesis, la innovación tecnológica es parte esencial de lo que en el mundo de hoy se entiende por modernidad.
En Chile, en cambio, la situación actual es mucho menos favorable en este campo. A pesar de algunos destacados esfuerzos privados y públicos, aún no permea al país una cultura emprendedora y de cambio tecnológico generalizada. La innovación es escasa y expresada de modo aislado, los mejoramientos productivos, que son muchos, suelen no ser de los que nos permitan enfrentar la innovación que se produce en el mundo desarrollado y, en especial, en diversas naciones desarrolladas emergentes, muchas de ellas con economías basadas, al igual que Chile, en recursos naturales, y que han registrado avances espectaculares en las décadas recientes.
Chile muestra un desempeño innovador muy por debajo de sus potencialidades. Sólo el 0,7% del PIB se invierte en investigación y desarrollo, y menos de un tercio de esa cifra proviene de la empresa privada. El número de empresas que invierte en I+D no llega al millar y su vinculación con instituciones de investigación, tales como universidades u otras, es muy escasa. El número de patentes otorgadas anualmente en Chile a solicitantes nacionales bordea las 50, en tanto la cifra de patentes otorgadas en Estados Unidos a chilenos no supera las 15 al año. En cuanto a los recursos humanos especializados, el año 2003, por ejemplo, nuestras universidades produjeron 104 doctores en ciencias y 13 en ingenierías, lo que resulta absolutamente insuficiente para sostener un esfuerzo permanente en I+D e innovación.
En verdad, Chile se encuentra hoy en una encrucijada. En el corto plazo podrá seguir gozando de las rentas que producen los commodities ligados a los recursos naturales, pero luego, cuando tarde o temprano estas declinen, se desacelerará en forma significativa nuestro crecimiento económico y nuestra capacidad para generar empleo y aumentar el bienestar social.
Este cuadro nos muestra, con absoluta claridad, que si Chile no avanza, pronto y rápido, en innovación y transferencia tecnológica, nos vamos a ir rezagando, a tal punto, que nuestras ventajas competitivas estáticas de hoy pueden verse seriamente amenazadas y desplazadas, como ya le ocurrió en los albores del siglo XX al salitre, desplazado por el salitre sintético, innovación científico-tecnológica de esa época.
Estamos, pues, frente a un desafío y una tarea que revisten el máximo de urgencia. “Innovar o estancarse”, sustituye hoy al “exportar o morir” que antecedió en un par de décadas a la adopción por Chile de su actual y exitoso modelo exportador.
Es decir, estamos obligados a seguir un camino alternativo de mayor esfuerzo – también de menos certidumbre – y aprovechar la explotación y exportación de nuestros recursos naturales que nos ha favorecido hasta hoy para perfeccionar y dar coherencia a nuestro sistema de innovación e invertir en capital humano, aumentar nuestro esfuerzo en Investigación y Desarrollo (I+D) e Innovación y generar un círculo virtuoso entre ambas. Para ello, se hace necesario aprovechar las ventajas de los incipientes clusters basados principalmente en recursos naturales, para generar en torno a los mismos prácticas de innovación que, aumentando la productividad primaria, nos permitan transformar nuestras ventajas estáticas en dinámicas. De ese modo se podrán también desarrollar nuevas actividades, vinculando la base exportadora a productos de mayor valor y al desarrollo de servicios y bienes especializados, nacidos y orientados inicialmente a satisfacer las necesidades de los clusters de recursos naturales pero que en definitiva ayuden a impulsar y sean parte de una diversificación mucho mayor de nuestra estructura productiva.
Esta estrategia —que se inspira en los lineamientos seguidos por los países abundantes en recursos naturales que han logrado el desarrollo— difiere de dos estrategias polares que Chile siguió durante la mayor parte de su vida independiente a saber, el modelo rentista exportador (característico del siglo XIX) y el modelo de sustitución de exportaciones (siglo XX). Como se sabe ninguno de estos modelos logró resolver satisfactoriamente el tema de lograr simultáneamente crecimiento y equidad, colapsando por el estancamiento producido en algunos de estos objetivos. Se trata aquí, de combinar las ventajas y dinamismo inicial del modelo exportador de recursos naturales con las habilidades creadas por un esfuerzo creciente en la generación de capital humano y la aplicación de este a la transformación, extensión y encadenamiento de los procesos productivos inicialmente concentrados en la transformación de materias primas. La búsqueda de sinergia entre recursos humanos, innovación tecnológica y recursos naturales nos permitirá enfrentar con éxito a nuestros competidores (imitadores y sustituidores), continuar creciendo en el mercado global y generar cada día más y mejores empleos dotados de más y mejor calificación.
¿A quién corresponde asumir este compromiso con la innovación, incluyendo la transferencia tecnológica? A todos los actores involucrados, según veremos más adelante: el Estado, la educación, las ciencias y la investigación científica y tecnológica y la empresa privada y pública. De todos estos, hay que señalar, desde ya, que el actor central, el protagonista de los procesos innovativos es la empresa (incluyendo a empresarios, ejecutivos y trabajadores), que es la que hace la innovación, la adaptación o la adopción de tecnología, en su caso. Mientras la empresa privada, grande, mediana o más pequeña emergente, no se constituya en el motor potente de los procesos innovativos, éstos seguirán siendo parciales e insuficientes. Esta aseveración fluirá con nitidez de este informe, como también el que la empresa no puede innovar por sí sola pues necesita capital humano de excelencia, investigación científica pura y aplicada, de iniciativa de los investigadores o generada desde la demanda empresarial, el apoyo constante y eficaz del Estado, una institucionalidad conductora y orientadora y, por fin, la construcción de redes que faciliten e induzcan la vinculación de todos estos actores entre sí tanto nacional como internacionalmente.