Es preciso señalar que la innovación, incluida la transferencia tecnológica, no ocurren en niveles óptimos de modo automático ni espontáneo. Es por ello que las políticas pro innovación constituyen parte del ámbito de las políticas públicas, en el sentido que existe un rol para el Estado que no puede ser reemplazado por el mercado. La justificación económica de las políticas de promoción de la innovación puede clasificarse en dos grandes áreas: i) la existencia de fallas de mercado asociadas al fenómeno innovador, incluyendo aquellas relacionadas con el financiamiento del emprendimiento innovador; y ii) la existencia de fallas sistémicas en torno al proceso innovador.

Dentro de las fallas de mercado asociadas al fenómeno innovador destaca la insuficiente apropiabilidad de sus beneficios. Así, dado que el conocimiento tiene carácter de bien público, en el sentido de que su consumo es no rival y es excluible sólo en forma parcial, se produce un desincentivo a invertir en su generación y un incentivo a esperar para aprovechar el conocimiento generado por otros. También se verifica la existencia de fallas asociadas a externalidades de red, asimetrías de información y altos costos de transacción y de coordinación. En efecto, muchos proyectos innovadores pueden beneficiar a varios agentes, a una industria completa o incluso a varias de ellas. Más aún, pueden ser rentables sólo si cuentan con una escala suficiente. El problema surge cuando por asimetrías de información, altos costos de transacción y desconfianzas, no se produce la coordinación necesaria entre los agentes y se termina por duplicar esfuerzos o simplemente no emprender la innovación. Por último, existen fallas de mercado asociadas a la alta incertidumbre no cuantificable, la intangibilidad de los activos y a los mercados de capitales incompletos, todo lo cual afecta la disponibilidad de financiamiento para los proyectos innovadores.

Por su parte, la visión sistémica de la innovación se refiere a que ésta surge de un proceso no lineal, que envuelve no sólo a la investigación, sino que también a un complejo proceso de actividades relacionadas como capacitación, diseño y financiamiento, entre otras. Esta visión reconoce, además, que las empresas no innovan de manera aislada, sino que lo hacen al relacionarse con universidades, centros de investigación, agencias públicas, proveedores, clientes y sus propios competidores. Para un resultado exitoso, se requiere entonces una interacción entre las capacidades internas de la empresa y las de los agentes que la rodean. El espacio para las políticas públicas que surge de esta visión —que en todo caso no se contradice con el enfoque tradicional de las fallas de mercado— se refiere, en particular, a la provisión de infraestructura para que el sistema opere, a la determinación de la institucionalidad para que las transacciones ocurran de manera expedita y eficiente —por ejemplo, en lo referido a los derechos de propiedad de innovaciones surgidas de actividades de colaboración— y a la coordinación necesaria para que el sistema como un todo actúe de manera coherente. Es así como la constitución de instituciones que aseguren la articulación nacional del esfuerzo en este tipo de actividades constituye una dimensión donde el estado juega un rol fundamental, explicitando el sentido del esfuerzo tecnológico, su pertenencia, coordinación, metas y mecanismos de evaluación.

Con todo, una vez que se reconoce que existe un rol justificado para el sector público en las políticas pro innovación, debe evitarse incurrir en “fallas de Estado” que pueden ser tanto o más dañinas que las fallas sistémicas y de mercado que se intentan corregir. En particular, las políticas públicas pro innovación deben evitar ser capturadas por grupos de interés, tienen que minimizar las ineficiencias como la descoordinación, la duplicación y el exceso de gasto administrativo y deben evitar los esfuerzos no pertinentes en sectores sin potencial competitivo.

Es importante destacar que en el ámbito de la innovación existe un amplio campo para el apoyo y desarrollo a micro y pequeñas empresas con potencial de consolidación y expansión en el tiempo. Este importantísimo capítulo de un sistema nacional de innovación y de las políticas públicas pertinentes no debe confundirse con las políticas encaminadas vía subsidios, asistencia técnica, créditos preferenciales u otros mecanismos a procurar la normalización o fortalecimiento de aquellas numerosas mypes que luchan con dificultades serias en materias de gestión, financiamiento, canales de comercialización inadecuados y mercados inestables o precarios para sus productos.