El informe secreto de la comisión legislativa (diputados Julio Noboa y Bolívar Sánchez) que viajó a Nueva York en septiembre de 1999, para conocer la lista de tenedores de bonos Brady, reveló que el 20% estuvo depositado en el Chase Manhattan Bank (EE. UU.) y el resto en una fiducia en el Euroclear CEDEL, en Bruselas (Bélgica)."
"La Comisión sólo tuvo acceso a los nombres del Chase. Entre 17 tenedores de los bonos, figuran ocho ex funcionarios que los adquirieron durante el gobierno de Sixto Durán Ballén: Rodrigo Espinosa, ex gerente del Banco Central, impulsor principal de la “Ley de Legalización de la Usura” en 2007, como funcionario de la Superintendencia de Bancos ; Iván Andrade, ex ministro de Finanzas; Álvaro y Luis Fernando Guerrero (hermanos) ex funcionario y ex gerente del Banco Central de Guayaquil, respectivamente (el primero ex gerente de la Fundación Malecón 2000 y, además, del banco la Previsora); Iván Nieto, renegociador de la deuda externa; Patricio Peña, ex presidente del CONAM; y actual Presidente de la Bolsa de Valores de Quito, Abelardo Pachano, ex Presidente de la Junta Monetaria y gerente actual del Produbanco; y, Alberto Dahik, ex vicepresidente de la República. (El Comercio 30 de septiembre de 1999, consta en internet en “tenedores de la deuda ecuatoriana”).
"Los otros tenedores fueron Juan Montufar, ex gerente del City Bank -que quebró con un débito de 80 millones de la Reserva Monetaria-; La Curia -compró en el gobierno interino 30 millones- (se refieren al régimen de Fabián Alarcón,); AFINSA; Diócesis de Portoviejo (cuya titular fue el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana); y, las Fundaciones Leonidas Ortega de Guayaquil, Pérez Pallares y Natura, entre otras: USD 700 millones."
Los pupilos del Vaticano en el Ecuador siguen algunos ejemplos no tan santos en aspectos financieros. “El banco del Vaticano estuvo implicado en un escándalo político y financiero importante en los años 80, referente al derrumbamiento en 1982 del banco Ambrosiano con una deuda de 3.500 millones de dólares, del cual el Vaticano era un accionista importante (igual que en el Ecuador la relación de los jesuitas con el Banco Pichincha). Procesaron al jefe del banco del Vaticano a partir de 1971 a 1989, Paul Marcinkus, en 1982 en Italia como accesorios de la bancarrota, pero el Vaticano reclamó inmunidad diplomática para el arzobispo estadounidense, y le protegió de las investigaciones, eludiendo de este modo a la justicia italiana.”
“No obstante, en contra de la opinión de Marcinkus y de la mayoría de la curia vaticana, el entonces secretario del Estado Vaticano, el cardenal Agostio Casaroli, decidió pagar 406 millones de dólares a los bancos acreedores del ambrosiano en concepto de “contribución voluntaria”, al considerar que la Santa Sede tenía ante ellos una responsabilidad moral.” (Banco del Vaticano. www.wikipedia.org).
Con esta experiencia, y siguiendo el buen ejemplo del Vaticano, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana podría solicitar a sus socios del banco Pichincha, la devolución de lo indebidamente cobrado por intereses usureros, por parte de CREDIFE, banco de Loja, Rumiñahui y Centro Mundo, que pertenecen al banco Pichincha.