Existe un amplio debate entorno a la definición del sector informal. No obstante, pretender abarcar en este escrito toda la literatura sobre el tema sería un tanto utópico. Por lo tanto, en el presente apartado se limitará la discusión a esquematizar las principales corrientes que se identifican en el tema y cómo lo han relacionado con el papel del estado en la regulación del mercado laboral.
El surgimiento del sector informal se remonta a los inicios del sistema de producción capitalista. No obstante, el estudio del mismo inicia con la definición que Hart planteó en 1973, aunque pueden encontrarse algunos antecedentes teóricos en las teorías marginalista y dualista del desarrollo económico. Para Hart, el sector informal básicamente sería un oferente, principalmente servicios, dada su cercanía con los consumidores finales, por lo que podría ser entendido como el subempleo que afecta a aquellos que no consiguen ingresar en el sector moderno de la economía (Hart, 1973).
Años después de la definición de Hart, la OIT y el PREALC (1985) establecen que la informalidad es una forma de producción atada a la heterogeneidad estructural que caracteriza la economía de los países latinoamericanos. Para el PREALC, el carácter estructural de la baja absorción en el empleo incide en que el sector informal, al ver socavadas sus posibilidades de crecimiento, manifieste una constante subordinación interna de sus mercados, la cual se traduce en una falta de acceso a los recursos y baja acumulación de capital (Tokman, 1991). Según este enfoque, uno de los principales problemas de la informalidad consiste en que al ser fijo gran parte del capital que se utiliza (activos ilíquidos que no se pueden separar fácilmente del recurso trabajo), no permite la libre transferencia entre los sectores formal e informal, por lo que el objetivo del trabajador informal quedaría reducido a maximizar su ingreso total en lugar de optimizar su tasa de utilidad como sucede en el caso del capitalismo formal (Souza, 1980). Esta condición haría que el individuo apenas supliera sus necesidades básicas de subsistencia sin muchas posibilidades de acumulación de capital. Para superar el problema, los autores indican que el estado debe intervenir en la promoción del crecimiento industrial y la reducción de la brecha tecnológica y educativa que separa al mundo en desarrollo del mundo desarrollado
Quizá, la principal crítica a la anterior posición surge de la que podría denominarse corriente estructuralista - marxista, en la cual se encuentran autores como Portes, Castells, Benton y Roberts, entre otros. Para ellos, el sector informal se entendería como “todas aquellas actividades generadoras de ingreso, pero no reguladas, en un medio donde actividades similares si lo están” (Portes, 1995), funcionando así como un brazo más de la
economía, que sirve para absorber la mano de obra excedente en el mercado formal, o en el
mejor de los casos, como una extensión del aparato productivo formalmente establecido que corrige la inflexibilidad institucional, permitiendo una mayor absorción de mano de obra en el mercado laboral a la registrada en las cifras oficiales pero de manera irregular (Ibíd. P. 120). En consecuencia proponen que el papel el estado consistiría en flexibilizar la normatividad laboral vigente y regular las relaciones de trabajo entre los capitalistas y los trabajadores para corregir las posibles inequidades que llevan al obrero a emplearse en la informalidad.
Actualmente, uno de los enfoques más patrocinados por agencias internacionales y otros organismos de carácter multilateral es el enfoque legal - neoliberal de De Soto, quien propone que tanto la informalidad como la propia formalidad en las sociedades en desarrollo traen consigo costos de acceso y permanencia que dificultan la libre movilidad de los actores para ubicarse dentro del aparato productivo de acuerdo con la normatividad vigente, sin que ello signifique un decremento sustancial en sus ingresos (De Soto, 1986 y De Soto 2000). En ese sentido, para De Soto, el sector informal podría definirse como: “Aquel que funciona al margen de la ley, es decir es aquel que con fines lícitos, para distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos para conseguir esos mismos fines” (De soto, 1986), y por lo tanto si se desea aminorar su tamaño o corregir su baja productividad hay que adecuar, por una parte, la estructura legal y normativa que afecta la producción de bienes y servicios, y por la otra, ajustar el sistema de derechos de propiedad a las necesidades de los informales. Ello permitiría romper la “campana de vidrio” que les imposibilita acceder al conjunto de beneficios que puede ofrecer estar en la formalidad sin tener que pagar un alto costo por ello (De Soto 2000).
Quizá la principal crítica realizada al enfoque de De Soto, es que solucionar el impase de la normatividad y desmantelar la intervención del estado en la economía no cambia el entorno sociodemográfico en el cual se hallan inmersos los informales, ni tampoco los problemas estructurales de la absorción laboral en economías emergentes como las latinoamericanas. Además, este enfoque no analiza la vulneración de los derechos sociales y laborales por parte del sector formal al informal, ni la poca voluntad que tienen los grandes capitales de incluir a los marginados a costa de una reducción en su nivel de utilidades.
Portes afirma que de seguirse las recomendaciones elaboradas por De Soto, podría existir un incremento en los abusos del patrón hacia el asalariado, acompañado de una baja pronunciada en el nivel de los salarios y un escaso incentivo para el entrenamiento de los trabajadores y la innovación tecnológica, llevando así a la informalización de toda la economía y el desmantelamiento total del estado social (Portes 1995).
Podría colegirse, entonces, que el papel del estado en la regulación del mercado laboral y el control de la economía informal más que orientarse a colocarle una cara bonita al sector informal, debería perseguir la inclusión y el respeto a los derechos de los individuos como ciudadanos, entre los cuales se encuentra el de un trabajo decente y productivo que les permita solventar sus necesidades básicas.