Cultura Política

Realizando una bipartición en la exposición. Primero, se explicará el concepto de cultura política, para luego analizar la relación recíproca, que ha señalado parte de las indagaciones teóricas, entre cultura política y desarrollo económico. Segundo, se utilizará autores latinoamericanos para analizar la importancia de la cultura política en el apoyo a la democracia en Chile y Argentina, debido a que de ellos han provenido los mayores acercamientos teóricos en esta materia.

La cultura política es un conjunto de valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto al poder24.

Dentro de los factores de cultura política que más se encuentran en la literatura, que influyen en la legitimidad de la democracia, son los factores históricos, tales como: los anteriores gobiernos autoritarios, los procesos de transición y los efectos económicos provenidos de los regímenes de facto.

Según Inglehart, la cultura política es parte fundamental para que el desarrollo económico genere una democracia estable, ya que la democracia no depende únicamente del factor económico25. Por lo demás, señala que el éxito económico a largo plazo puede contribuir a la legitimidad democrática, igualmente que a contribuir a mantener la viabilidad de las instituciones democráticas una vez que han sido establecidas. No obstante, si el desarrollo económico no se encuentra unido a ciertos cambios en la estructura social y en la cultura política, es poco probable que tienda hacia una democracia liberal26.

Desde otra perspectiva, Lipset parte del supuesto de que el desarrollo económico favorece una cultura política más democrática debido, en parte, a los progresos educacionales que suscita27. Los ciudadanos más educados tienden a valorar cada vez más la democracia y cultivan un estilo más tolerante, moderado, limitado y racional en el terreno político con sus adversarios.

Almond y Verba, igualmente, concluyeron que los logros educativos tenían “el efecto demográfico más relevante sobre las actitudes políticas”. De hecho, en cada una de las cinco naciones estudiadas por estos autores (EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Italia y México), los sectores poblacionales con mayor nivel educacional fueron los mejor informados políticamente y los de opiniones más abiertas28. En consecuencia, demostraron que esos sectores de la población son más atentos al devenir político y más propensos a ocuparse de discusiones políticas y a comprometerse activamente en alguna organización social; también fueron los más confiados en su propia capacidad de influir sobre el gobierno y los más decididos a la hora de manifestar su confianza en otras personas.

Sobre esta base, Inkeles y Smith igualmente postularon que el desarrollo económico de un país favorece una cultura política democrática, esto gracias a que el desarrollo económico influye sobre ciertas tendencias democratizadoras que forman parte de la modernidad individual, tales como: educación, industrialización y medios de comunicación29.

En suma, según estos postulados, existe una relación recíproca entre los factores de cultura política y el desarrollo económico. Por lo tanto, ambos factores, al complementarse, permitirían tanto una democracia liberal como una cultura política democrática, procesos que facilitarían una mejora de la calidad de la democracia.

Como segunda parte en este análisis, estudiando la importancia de la cultura política en la legitimidad o apoyo a la democracia en el caso chileno, se seguirá al autor Carlos Huneeus.

Según Huneeus, Chile contradice la conclusión de Darkward Rustow (1970), señala que el paso del tiempo favorece la democracia, debido a que el bajo nivel de apoyo al régimen no concuerda con la cantidad de años de democracia. Además, según el autor, Chile confirma la definición de legitimidad acuñada por Juan Linz (1987), es decir, ésta consiste en un conjunto de creencias sobre el orden político, sin estar afectado de manera inmediata por la situación económica30.

Partiendo de tales premisas, Huneeus argumenta que el bajo apoyo a la democracia en Chile debe analizarse en el contexto de su desarrollo político, especialmente del impacto del régimen autoritario y de las singularidades que tuvo la transición; por lo tanto, sostiene lo siguiente31: a) una parte considerable de la población no hace una distinción entre régimen, democracia y el gobierno de turno, por lo cual, quienes no declaran una adhesión a la democracia, no se les debe calificar de antidemócratas o indiferentes. Esto debido a que están emitiendo opiniones sobre un orden político, que identifican con la Concertación de Partidos por la Democracia, que sacó del poder al general Pinochet al derrotarlo en el plebiscito de 1988; b) lo anterior mantiene una relación positiva hacia el antiguo régimen, vis-à-vis con una postura muy crítica hacia los gobiernos democráticos; c) por ambos motivos, la población no tiene la independencia para evaluar la eficacia de la nueva democracia y, por ello, expresan una baja satisfacción con su funcionamiento; d) la evaluación de la eficacia también se ve afectada por factores históricos, particularmente por la existencia de posturas anticapitalistas en la sociedad que perjudican la imagen del orden económico y su desempeño

Para comprobar estos argumentos, el autor utiliza un modelo estadístico desarrollado por Frederick Weil (2000), es decir, utiliza la misma agrupación de factores explicativos para medir el apoyo y satisfacción con la democracia en Chile. Por lo tanto, utiliza un modelo a base de factores de cultura política relacionados con las percepciones de la democracia, como por ejemplo, la influencia de las opiniones sobre el régimen del general Pinochet en el apoyo a la democracia. Frente a ello, el autor afirma que el bajo apoyo a la legitimidad y a la eficacia de la democracia en Chile no se explica por factores surgidos después de la inauguración del orden democrático, sino por una variedad compleja de factores existentes antes que el general Pinochet entregara el poder a Patricio Aylwin en Marzo de 1990. Por lo tanto, concluye que: primero, el desarrollo político que tuvo el régimen autoritario y, particularmente, la lucha entre oposición y el régimen militar a partir de la crisis económica de 1982/83, provocó un conflicto político que dividió al país en dos bloques, lo que contaminó la opinión sobre la democracia. Segundo, las diferencias entre el régimen democrático y el pasado autoritario se vieron desvanecidas porque hubo una considerable continuidad de la élite política del autoritarismo, pues una gran proporción de los parlamentarios de los partidos de oposición ocuparon cargos en el régimen de Pinochet. Tercero, las tradiciones anticapitalistas existentes en la sociedad chilena, unidas con las reformas económicas hechas por el autoritarismo, en el contexto de estrategia de legitimación, dan a comprender por qué los buenos resultados objetivos no ayudaron a la legitimidad de la democracia. La presencia de preferencias políticas impidió percibir esta realidad objetiva.

En cuanto al caso argentino, no hay estudios específicos que utilicen un modelo estadístico a base de factores explicativos referentes a cultura política, para afirmar que existe una relación de éstos, los factores, con el apoyo y la satisfacción con la democracia. No obstante, hay estudios con importantes aproximaciones teóricas en esta materia. Frente a ello, diversos autores argentinos han llegado a similares conclusiones, respecto a la importancia de la cultura política en la legitimidad de la democracia en Argentina, siendo los factores más predominantes: el individualismo, estatismo y el respeto por la ley.

Catterberg, al referirse al individualismo en Argentina, lo entiende como una orientación al logro personal típico de personas que se fijan metas propias en lugar de esperar estímulos externos; las metas son generalmente materiales y el esfuerzo personal es el camino aceptado para alcanzarlas32. Frente a este individualismo, se crean expectativas de una movilidad social, ocasionando que la mayoría de los argentinos crean que vivirán mejor que sus padres, entendiéndose el trabajo y los estudios como los medios más legítimos de movilidad social. Conjuntamente, se genera una suerte de estatismo, dado que el sujeto exigirá al Estado la acción protectora de sus intereses, pero no porque le corresponda buscar el bienestar general, sino porque de él espera una respuesta a sus necesidades e intereses particulares33.

Por otro lado, para Gustavo Hasperué, el estatismo se manifiesta en una demanda pragmática (no ideológica) de intervensionismo estatal para contribuir al bienestar de la población. Lo anterior, debido a que desde el pasado, el Estado fue visto como un medio de ascenso de vastos sectores sociales y por la creencia de que éste debiera ser el garante y protector de las metas individuales34.

Respecto al valor de la ley, Quiroga señala que la fragilidad del pasado repercute en la capacidad actual del sistema político argentino para crear mejores condiciones de estabilidad, indicando que las sucesivas crisis de legitimidad, desde 1930, han puesto en evidencia la poca confianza de los ciudadanos en los dirigentes y sus valores. Por lo tanto, lo que se ha construido hasta el presente no es más que una democracia intermitente que, al no haber podido resolver las persistentes tensiones entre legalidad y legitimidad, ha generado en la sociedad una cultura institucional precaria35. Según el autor, uno de los obstáculos para la estabilidad democrática (legitimidad), lo constituye la debilidad en el reconocimiento de las instituciones democráticas, siendo esto parte de la cultura política argentina.

Por su parte, Hasperué señala que, según la encuesta Gallup del 2001, la confianza institucional en Argentina se encuentra entre los últimos tres países de la muestra con 39 puntos, seguida por Ecuador (38) y Brasil (34)36. Países como Colombia (53), Venezuela (52), Chile (50), Bolivia (44), México (41), Paraguay, Guatemala y Perú (40), superan a la Argentina en confianza en las instituciones, lo que hace inferir al autor que esta confianza no está en relación, por ejemplo, con el nivel educativo y el nivel de desarrollo del país.