Argentina

Crisis de los 80

Crisis de los 80



A fines de los setenta, los países latinoamericanos también llegaron a desarrollar una importante diversificación de sus mercados. En 1975 las economías de mercados más desarrollados eran el destino del 65 por ciento de las exportaciones de materia prima de la región, del 80 por ciento de sus minerales y del 72 por ciento de exportaciones de energéticos. Diez años más tarde, los números en porcentaje eran de 54, 65 y 71 por ciento respectivamente. Entre las naciones desarrolladas, Japón emergió como uno de los principales nuevos clientes para los minerales –especialmente cobre, hierro y bauxita- de Latinoamérica. El declive en importancia del peso de los países más desarrollados como mercados concentrados de destino de las exportaciones de la región contrastó con la ampliación de nuevos mercados demandantes en la ex-Unión Soviética, Europa del Este y otras naciones en desarrollo, especialmente en Asia.

En términos de la composición de los productos primarios objeto de exportación desde 1960, la característica más notoria fue el rápido crecimiento de la línea de energéticos, lo que se debió básicamente a la consolidación de México y de Venezuela, y hasta cierto punto de Ecuador, como los principales exportadores petroleros de América Latina. La proporción de exportación debida a los energéticos casi se duplicó entre 1970 (26 por ciento) y 1980 (48 por ciento). No obstante, las exportaciones de productos del sector primario por parte de la región continuaron manteniendo un bajo nivel de valor agregado.

Es necesario subrayar, dentro de las principales características económicas de América Latina luego de 1980, que la crisis que comenzó a principios de esa década estableció un período particularmente complejo en las economías de la región que requirió la aplicación de ajustes macroeconómicos. La mayoría de los países latinoamericanos se vio forzada a llevar a cabo dichos ajustes con el propósito de crear mayor estabilidad macroeconómica, lo que a su vez permitiría una mejor inserción en el mercado internacional y un crecimiento económico sostenible. Los cambios del ajuste hicieron énfasis en la política económica, en los compromisos de los gobiernos a mantener la continuidad de los programas de reforma y al hecho de que muchos de los cambios en varias naciones dependieron al final de la mejora en las condiciones económicas internacionales.

El factor más visible de la crisis, dentro de las condiciones domésticas de las naciones, fue la deuda externa. Entre 1978 y 1981, la región cosechó los beneficios de una mejora en los términos de intercambio del mercado internacional para sus exportaciones y de una generosa dotación de créditos internacionales especialmente por parte del sector privado. Estas condiciones posibilitaron que la región implementara políticas económicas expansivas, las cuales a su vez hicieron que 11 países latinoamericanos mantuvieran tasas de crecimiento económico por arriba de 4 por ciento (véase Tabla 3). En la mayoría de los casos, empero, estos logros se vieron acompañados de un excesivo déficit en las balanzas de pagos. Como resultado de ello, 15 países llegaron a tener un déficit en las cuentas corrientes que sobrepasaban el 4 por ciento de su PIB y, en 10 de esos casos, el déficit llegó a estar sobre el 5 por ciento del PIB (véase Tabla 4.).

Para 1982 casi todos los países latinoamericanos y caribeños habían sido afectados por la más profunda y prolongada recesión económica de los últimos 50 años. Aunque fuerzas externas fueron determinantes en el agravamiento de la crisis, otros factores no menos importantes actuaron, como por ejemplo la inconsistencia en el manejo de políticas económicas, especialmente en cuanto a la adopción de medidas que favorecieron, sin previsión, altos niveles de endeudamiento externo; la desorbitada expansión del gasto doméstico en varios casos, y las políticas de estabilización de precios basadas en el manejo casi único de las tasas de cambio. A esos aspectos deben agregarse los correspondientes a los métodos de liberalización financiera, los cuales mantuvieron las tasas de interés muy altas durante prolongados períodos de tiempo, afectando de esta manera la formación de capital de inversión directa en los países.

La interrupción de los flujos externos de capital luego de que México anunciara su moratoria unilateral en el pago de los servicios de la deuda en agosto de 1982, fue acompañada de una elevación en las tasas de interés en los mercados internacionales y de un deterioro en los términos de intercambio del mercado mundial. Esto forzó a la región en general a realizar los procesos de ajuste económico, los que estuvieron dirigidos, entre otras finalidades, a generar resultados positivos en las balanzas comerciales para cubrir la brecha que se originaba en términos financieros debido a los acontecimientos mencionados. Entre 1982 y 1984 el PIB de la región se estancó, la inversión fija se redujo en cerca de 5 por ciento de la producción anual latinoamericana y el déficit regional en la cuenta corriente pasó de 3.7 por ciento del PIB en 1978-1981, a 2.1 por ciento. Se trataba del inicio de la crisis económica de los ochenta.

Para enfrentar este escenario -cuyos problemas económicos se agravaban debido al problema de la deuda externa- las naciones latinoamericanas llevaron a cabo los procesos de ajuste. Los mismos se iniciaron en 1982 y duraron, en una primera fase, hasta 1990. Entre sus repercusiones se registró una importante reducción en el PIB per capita y el consumo interno. El coeficiente de inversión en la región cayó de manera constante, alcanzando sus mínimos niveles en 1987. A partir de este año este indicador ha experimentado una lenta recuperación, hasta alcanzar un 22 por ciento del PIB para 1989. No obstante, este último nivel ha mejorado, encontrándose por debajo de las cifras que se tenían a principios de los ochentas.

La naturaleza extraordinaria de los problemas regionales de los ochenta se reflejó de manera simultanea y sostenida en un descenso de los indicadores económicos y sociales de América Latina. Se tuvo un decaimiento significativo en términos de producción, es decir, un severo descenso en las tasas de crecimiento. La situación del empleo se vio afectada significativamente y los salarios reales declinaron en la medida que la inflación aumentaba y los problemas de la economía internacional se profundizaban.



Entre otros factores, debido a los procesos de devaluación de las monedas, las naciones latinoamericanas experimentaron significativos altos niveles de inflación. Esta situación fue influenciada por el alto grado de dependencia que la región mantiene respecto a los bienes de capital y a los insumos productivos provenientes del exterior. Todo ello con el fin de poder ejecutar en los mercados domésticos los procesos productivos. En algunos casos el seguimiento de relajadas políticas monetarias también contribuyó a fomentar los niveles inflacionarios.

En términos de empleo resultó evidente que, luego de la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica alcanzó aceptables niveles de crecimiento que se tradujeron en crecimiento ocupacional, con tasas de aumento que llegaron incluso a cifras del 2.5 por ciento anual. La rápida urbanización influyó para que el empleo en el sector agrícola pasara de 55 por ciento en 1950 a 32 por ciento en 1980. El número de empleos creados por el sector formal urbano creció a una tasa anual de 4 por ciento, pero este crecimiento no fue suficiente para absorber los aumentos anuales de la población económicamente activa que buscaba integrarse a los mercados de trabajo. La tasa de sub utilización de recursos humanos - desempleo abierto más subempleo y ocupaciones temporales en el sector informal - se mantuvo en aproximadamente el 30 por ciento en los mejores casos.

La crisis y los procesos de ajuste de los ochenta rompieron con el frágil balance que se tenía en el empleo, el cual había sido producto del crecimiento de las décadas anteriores. Los salarios reales se hundieron, se dieron alzas importantes en el desempleo y subempleo, se elevó la concentración de actividades agrupadas en subáreas ocupacionales de baja productividad. De manera generalizada en la región, la fuerza de trabajo urbana en sectores de subempleo se expandió a razón de 5 por ciento anual. En contraste, la creación del empleo en el sector formal alcanzó tasas que eran de alrededor de 2.5 por ciento anual. Estos aumentos ocurrieron por lo general en pequeñas empresas y en áreas específicas de los sectores públicos.

Durante los ochenta el nivel del gasto público en la mayoría de los países descendió fuertemente en términos reales como consecuencia de los procesos de ajuste, todo ello en un marco caracterizado por la preocupación por las cargas fiscales. Algunas naciones -Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela- hicieron más bien reducciones progresivas en sus gastos públicos. Mientras tanto, en otros países - como Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay- los niveles de ingreso tendieron en cierto momento a recuperar sus niveles iniciales luego de la fase inicial de los procesos de ajuste. En Chile, el gasto del gobierno aumentó y luego descendió, pero para 1989 tenía casi los mismos niveles que había registrado a principios de los setenta. En Brasil, Colombia y Paraguay el gasto público había aumentado.

El peso de las cargas financieras debidas a la deuda externa aumentaron al principio de la década afectadas tanto por la elevación de las tasas de cambio monetario (depreciaciones y devaluaciones), como por el alza los intereses bancarios en el sistema financiero internacional. Rápidamente, el costo de la deuda pública ascendió dramáticamente debido a la mencionada elevación de los intereses en los mercados bancarios del exterior.

La mayor parte de los ajustes macroeconómicos fue realizada a principios de los años ochentas, cuando las condiciones para la crisis se manifestaron con mayor intensidad. Estos ajustes permitieron reducir el déficit fiscal en 6 y 5 por ciento del PIB en la mayor parte de los países de la región. Con pocas excepciones, no se produjeron todos los beneficios que se esperaban debido, básicamente, a la persistencia de condiciones adversas en la economía internacional.

De manera general, los procesos de ajuste de la década de los ochenta buscaron la elevación de los ingresos del Estado de muchas maneras. Particularmente fueron notorios los casos en los cuales estos ingresos se generaron como producto de ahorro y privatización en Argentina, Colombia, Costa Rica y Chile; en impuestos indirectos en el petróleo en Ecuador; en contribuciones de la seguridad social en Argentina y Uruguay; así como en aumentos de ciertas cargas fiscales en los casos de Colombia y Uruguay.

Como consecuencia de los ajustes macroeconómicos, la capacidad de los gobiernos disminuyó sensiblemente, pero durante los noventa se dieron indicios de que esta tendencia, en algunos casos, podía ser revertida. Era claro que los mayores ingresos de los gobiernos servían para uno de los objetivos centrales de los procesos de ajuste: el pago de los servicios de la deuda externa. Sin embargo ya para los noventas se registran algunos cambios, aunque escasos. El gasto público alcanzó en 1994 cifras históricamente altas en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En 1993 Honduras había mostrado una elevación de los gastos de sus instituciones públicas. Sin embargo, en Brasil los gastos totales establecidos durante los setenta alcanzaron una cota alta en 1987 y desde entonces han declinado, con excepción de 1992. En la mayoría de los países restantes, los gastos públicos se han recuperado en los años más recientes, pero aún con ello y en promedio, el nivel de los mismos era en 1994 y 1995 menor que el nivel alcanzado a principios de los ochenta.

Trabajo en Negro en Argentina

El desgraciado accidente producido en un taller de costura clandestino da pie a estas reflexiones basadas en una realidad insoslayable


Entendemos que no es un secreto para nadie que prácticamente la mitad de la economía argentina funciona de manera informal, que es lo que vulgarmente se conoce como “en negro”. En estos momentos, según datos oficiales el mercado laboral en tales condiciones está en el orden del 45% del total

Si cualquiera de nosotros meditara unos momentos acerca de la cantidad de transacciones que diariamente realiza de manera informal probablemente se sorprendería, lo cual atribuimos en lo que puede denominarse una rutina.


El problema de la economía informal es, podemos decir, de carácter mundial. Pero también es verdad que en determinados países la cuestión es muchísimo más grave por las condiciones imperantes.

En los países avanzados, pagar los impuestos es algo absolutamente natural, y cualquiera que haya tenido la oportunidad de visitar determinadas economías, puede corroborar que así es en general. Sin embargo, también en ellos existe un enorme mercado negro, que pasa por distintas actividades más o menos prohibidas o más bien incómodas políticamente. Desde el tráfico de drogas o de inmigrantes, hasta las cuentas bancarias anónimas o la cantidad de sociedades holdings con acciones al portador o nominativas pero que permiten titularidades de sociedades constituidas en los llamados paraísos fiscales cuyo objeto es desarrollar precisamente actividades en el extranjero, la gama es interminable. En muchos casos, existe una tercerización, como en el caso de operaciones de importación o de exportación de mercaderías, donde por diversas razones sociedades o empresas intermedian facilitando así que buena parte de las diferencias de facturación queden en zonas o países de baja o nula tributación. Si bien los criterios de renta mundial obligan luego al pago de impuestos en los países de origen, aquellas sociedades cuya constitución y conformación está vinculada a tales paraísos fiscales, quedan fuera de tal ámbito al responder al carácter de locales. La legislación internacional, la lucha contra el narcotráfico y su derivado el lavado de dinero apunta, desde hace ya décadas, a reducir o eliminar determinado tipo de formaciones jurídicas y societarias que facilitan la actividad informal o la trasladan a países de baja o nula tributación.

El objetivo de este trabajo es, sin embargo, esencialmente describir la realidad argentina, para intentar echar un poco de luz, si es posible, sobre el problema de la actividad informal.


La desbordante presión tributaria que soporta el país constituye, en esencia, no solamente uno de los pilares de la evasión, sino también una verdadera barrera que dificulta el inicio de cualquier actividad. Resulta a todas luces absurdo, pero hemos aprendido, con los años, que por lo general las cuentas públicas se manejan previendo recaudaciones en las que se contemplan los índices de evasión y de morosidad (aspectos esencialmente diferentes pero no siempre diferenciados debidamente ante la opinión pública). Determinados estudios reflejan que, en promedio, de cada peso ingresado por cualquier individuo, 57 centavos vuelven al Estado vía impuestos o cargas de diversa índole. Si a tales estudios se le agrega el componente inflacionario a una tasa, digamos, del 12% anual, se colige que para un asalariado el monto de un mes de su trabajo se pierde en tal concepto. Es decir que algo más de la mitad de los ingresos del asalariado vuelven al Fisco, y además, un sueldo íntegro vuelve al Estado vía el impuesto más injusto de todos: la inflación.

Cualquiera de nosotros puede observar la carga impositiva directa que aparece en una factura de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo. A ello hay que agregar, por supuesto, las cargas que no aparecen y que tienen que ver con los impuestos y los aportes previsionales que deben abonar las empresas en general (ganancias, ganancia mínima presunta, ingresos brutos, impuestos provinciales como el inmobiliario, sellos, municipales como la tasa de seguridad e higiene, las denominadas tasas de abasto, la tasa vial, las contribuciones patronales, etc.). Se suman los cargos que sufren los individuos que se desempeñan en ellas, el llamado costo laboral, el impuesto sobre los bienes personales (denominado originalmente “a la riqueza”) y también el impuesto al valor agregado. A todo ello se suman el impuesto sobre las transacciones financieras (impuesto al cheque) y los derechos sobre las exportaciones (retenciones), que en ciertos casos como en el petrolero llegan al 45% sobre el monto bruto exportado

Determinados gravámenes son verdaderas patentes (más allá del gravamen sobre los automotores, que así se denomina comúnmente). Por ejemplo el Monotributo (tanto nacional como los provinciales en vigencia) o los aportes de los trabajadores autónomos. Tales gravámenes deben abonarse aunque el contribuyente no hubiera tenido ingresos en un período, a menos que se solicite la baja cada vez que tal hecho ocurre, en cuyo caso, siempre dicha baja rige a partir del mes siguiente al de solicitada (es factible la baja retroactiva en el caso de los trabajadores autónomos, mediando para ello un trámite que no debería ser engorroso, pero que en la práctica suele serlo, aparte de ser desigual según la Agencia de la AFIP en que deba realizarse).

También hay que decir que todos sabemos lo complicado que es poner en marcha cualquier actividad, y lo costosísimo que implica iniciarse en ella desde el punto de vista tributario. Permisos, habilitaciones y pagos mínimos están a la orden del día. Acá podemos distinguir, rápidamente, aquellos cargos que constituyen una necesidad ineludible (la habilitación siguiendo las normas correspondiente) de los cargos fijos por gravámenes originados en las patentes a las que no referimos. Y ni hablar si es preciso incorporar personal para el trabajo.

Podemos también mencionar la incidencia en el empleo administrativo de las actividades que el Estado Nacional, Provincial, o Municipal obliga a realizar a las empresas. Formularios, libros, planillas y presentaciones (manuales o mediante aplicativos computadorizados) que es preciso confeccionar, autorizar, conformar y guardar meticulosamente para evitar ulterioridades. Todo ello implica una cantidad de horas-empleado de difícil determinación pero indudablemente superlativa y cuyo costo debe asumirse.

Desde el lado del consumo, si bien es obvio que nadie debe aceptar adquirir productos o servicios sin la exigencia de la documentación legal correspondiente (facturas esencialmente), en muchos casos tal documentación se olvida por parte de ambos interesados en la transacción, o genera descuentos de importancia para el adquirente, que no desea resignar.

Si continuamos con el llamado mercado de la piratería (informática, música, cine, etc) el grado de informalidad es decididamente impresionante y está a la vista de todo el mundo en pleno Centro de Buenos Aires.

Existe en todo esto una contracara de una gravedad inmanente. Determinados sectores sociales de ingresos magros tienen la imperiosa necesidad de concurrir a lugares de ventas informales para adquirir por ejemplo ropa, en especial para sus hijos. Hablar de lugares como el Mercado Central o La Salada resulta ocioso. Constituyen una realidad y una necesidad. Y por supuesto los vendedores ambulantes que pululan especialmente en las inmediaciones de cualquier estación de ferrocarril o de ómnibus, pese a la innumerable cantidad de operativos oficiales.

En el caso de la costurería, de la hechura de ropa, ciertas prácticas son conocidas. Por ejemplo, en las villas de emergencia no existen exigencias sobre el pago de servicios como la electricidad. Se sabe que en promedio mucha gente se “cuelga” del servicio y obviamente no paga impuestos o tasas provinciales o municipales. En tales lugares, que determinadas personas confeccionen en su hogar prendas con máquinas de coser o de tejer eléctricas no sorprende a nadie que conozca un poco cómo funcionan estas cosas.

Con respecto al trabajo en negro de los inmigrantes ilegales, podemos decir básicamente dos o tres cosas. La primera es que la ilegalidad es producto de las trabas que se ponen a la inmigración con argumentos en muchos casos falaces a nuestro entender. En segundo lugar es sabido que muchas familias llegadas de países sudamericanos, en especial de los limítrofes, lo hacen con el ánimo de mejorar la paupérrima situación en que se encuentran en sus lugares de origen. También que vienen al país a trabajar en rubros en los que, por lo general, el argentino medio no lo hace. Más allá de ello, las dificultades de legalización y normalización documentaria contribuyen a la aparición de situaciones dramáticas como la que en definitiva dio pie a este artículo.

Pero el dato fundamental, en materia económica propiamente dicha, pasa por el hecho de que el costo de formalizarse es a todas luces enorme. Lo es tanto para los trabajadores como para los consumidores. Los salarios en dólares son bajos en la Argentina porque entre otras cosas el modelo imperante de tipo de cambio competitivo exige tales salarios para poder sobrevivir. Téngase en cuenta que si el Estado no mantuviera alto el tipo de cambio de modo artificial, todos los trabajadores cobrarían unos cuántos dólares más por mes. A ese bajo valor salarial, se le suma el hecho de que para la empresa por cada 100 pesos que percibe un trabajador en su bolsillo debe abonar un total de $ 170.- por lo menos. El cargo final es enorme.

Sin pretender soslayar ni por un momento la espantosa muerte de esas personas del taller clandestino, todo el mundo sabe que tales talleres existen desde hace muchos años. Programas de investigación televisivos han mostrado ciertos trabajos informales en reiteradas oportunidades, como muestran otras carencias especialmente en las grandes ciudades. Pero, como ocurre con los desarmaderos de automóviles o las zonas donde se venden o vendían repuestos de automóviles “usados” y santísimas otras cosas, no estamos en absoluto ante una novedad.

Tenemos una realidad que muestra, pues, por lo menos varios pilares: la presión tributaria (que incluye el proceso inflacionario desatado por el modelo económico vigente), los bajos salarios y la necesidad de adquirir bienes a valores accesibles. Cuestiones tales como la piratería informática o cinematográfica, se tornan prácticamente inevitables, toda vez que las versiones originales tienen un costo muchas veces prohibitivo debido al alto valor del dólar. Téngase presente, como un ejemplo casi podríamos decir elemental, que ciertos cartuchos de tinta de computadoras, tienen impresa la leyenda que dice “prohibido su rellenado”.

Estamos ante un problema de proporciones descomunales, cuya arista visible aparece cuando ocurre una desgracia, pero que está subyacente en la vida cotidiana. Sin excepción.

La necesidad de hacer una reforma impositiva que implique federalizar los recursos, la imprescindible adecuación del Estado (nacional, provincial y municipal) a pautas de eficiencia y control independientes, el indudablemente necesario cambio político que reduzca y elimine estructuras burocráticas que entre otras cosas no se basan en la idoneidad de sus componentes sino en otras cuestiones, la reducción al mínimo del otorgamiento por parte de autoridades públicas de subsidios, promociones, desgravaciones e incentivos que se basan, lamentablemente, en presiones lobbísticas o directamente en razones electorales. Todo ello en un marco de discrecionalidad contrario a la Carta Magna, para no abundar. Es preciso revisar el concepto de coparticipación federal de impuestos, que se presta a todo tipo de componendas políticas. Es imprescindible volver eficientes a hospitales y policía. La seguridad jurídica debe estar garantizada y el Estado de Derecho debe imponerse evitando que funcionarios del rango que fuere manejen la realidad cotidiana mediante el uso de su pulgar.

Buenos Aires, 4 de abril de 2006 HÉCTOR BLAS TRILLO

Sociedad Rural " Argentina "

Introducción


Las conducciones de la Sociedad Rural “Argentina” en los últimos años representan esa especie de dirigente sectorial que actúa como si el mundo comenzara y terminara en su propio territorio. En este caso, además, aparece una desconexión con las profundas transformaciones que se produjeron en el campo en los últimos quince años. Reeditan una vieja disputa industria-campo, se quejan de las retenciones y exigen agradecimiento por su aporte vía ese impuesto extraordinario que se destina a financiar los planes Jefas y Jefes de Hogar.

La Sociedad Rural “Argentina” fue fundada el 16 de julio de 1866 por la oligarquía y los terratenientes de entonces, que aprovechaban las campañas del Ejército contra el indio para quedarse con las mejores tierras de la pampa húmeda.

"Artículo 1°- La Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, es una Asociación Civil que tiene los siguientes fines: velar por el patrimonio agropecuario del país y fomentar su desarrollo tanto en sus riquezas naturales, como en las incorporadas por el esfuerzo de sus pobladores; promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos; coadyuvar al perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y los procedimientos aplicables a las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de las industrias complementarias y derivadas, y asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios".


Desde su fundación la Sociedad Rural se adjudicó la representación de la clase agrícola-ganadera en su totalidad, pero en realidad representaba tan solo a un núcleo muy reducido dentro de ella, a los más poderosos. En sus orígenes sus miembros no llegaban a cien, setenta años después, en 1936, apenas llegaban a dos mil y recién en la década del sesenta alcanzan la cifra record de nueve mil miembros, solo el 5% de la clase agrícola-ganadera. En realidad la Sociedad Rural actúo siempre con las características de una sociedad secreta con poderes ocultos, siendo secreto el procedimiento de las admisiones de socios. No se admiten a pequeños y medianos propietarios, ni a chacareros, ni a colonos, ni a arrendatarios. Los cargos principales de la Comisión Directiva están siempre en manos de las principales familias de la supremacía agrícola-ganadera.

Antecedentes y relaciones con el modelo liberal

Si realizamos una pequeña mirada a los gestos y palabras de los sucesivos presidentes de la entidad a lo largo de los últimos años nos encontramos con muestras claras de aceptación y promoción a las políticas que se sucedieron en nuestro país en las ultimas décadas y que por supuesto tuvieron consecuencias sobre nuestros pequeños y medianos productores.


En 1935 la Sociedad Rural le hizo un acto de homenaje al rey Jorge V. El embajador inglés improvisó un pequeño discurso, en donde apelando a su sinceridad, afirmó que “la Sociedad Rural era la personificación de la amistad anglo-argentina”.

La Rural en su exposición de 1966 recibe a un Presidente promisorio que ingresa en la carroza que usó la Infanta Isabel: Juan Carlos Onganía. Discurso del presidente Faustino Alberto Fano en el evento: “Si en todos ha renacido la esperanza, si el anhelo común es reconstruir la Argentina, si aspiramos al bienestar general positivo, no declamado, si queremos realmente la prosperidad de nuestra tierra generosa y nuestro magnífico pueblo, nos ofrecen, si pretendemos seguridad y estabilidad, si es nuestra voluntad ser libres, entonces, nuestros primeros deberes han de ser asumir la total responsabilidad que nos compete, trabajar a conciencia en orden y disciplina….”

Enrique Crotto felicita en agosto de 1996 al ex Ministro Domingo Cavallo por su excelente gestión y dijo que “las cuentas fiscales hay que equilibrarlas pero no en perjuicio del sector más importante de la Nación”.

En marzo del 2000 cuando el país estaba demolido después de años de políticas liberales. Escuchemos al Presidente de la Sociedad Rural Enrique Crotto, que solicita al igual que el FMI, apretar mas las tuercas del modelo: “A su vez, aún persiste el ciclo recesivo, agravado por las pésimas “Reformas Tributarias”, una desregulación insuficiente, que debe ser profundizada y una apertura que aún brinda un excesivo proteccionismo explícito a sectores ineficientes de la economía. Es función indelegable del Estado, intervenir para desregular asegurando la competitividad”.

No solo gestos y palabras demuestran las estrechas relaciones existentes, además negocios en conjunto son los que sobran, como el que ocurrió en 1991, cuando la Administración del entonces Presidente Carlos Saúl Menem les vendió un extenso terreno en una de las zonas mas caras de Buenos Aires por 30 millones de dólares, a pagar en cómodas cuotas, lo que valía 943 millones según la Administración General de Inmuebles Fiscales del Ministerio de Economía.

Así es que, desde sus comienzos y a lo largo de su historia, la Sociedad Rural “Argentina” se preocupó mas por representar a este pequeño grupo de terratenientes y extender sus alianzas con grandes grupos de capital extranjero, que por ser una verdadera representación del campo argentino, y mucho menos se ocupo de representar a los pequeños y medianos productores de nuestras tierras pampeanas.

Consecuencias y Resultados de la política

Fue el Ing. Ingaramo, miembro del equipo de Domingo Cavallo, quien señalara en 1990: “en la Argentina deben desaparecer 200.000 productores agropecuarios por ineficientes” (ver diario Clarín, 1991). Lo peor de todo es que casi lo logra, peor aún: desde la Ley Raggio promulgada en 1967, durante la presidencia de Ongania, hasta el 2001 se perdieron 250.000 pequeños productores.

En un interesante documento presentado en las jornadas del Plan Fénix, “El campo argentino en la encrucijada”, Miguel Teubal destaca que “El agro argentino se fue transformando a paso acelerado en una agricultura sin agricultores”, quien indica que las unidades productivas que se perdieron fueron las de menos de 200 hectáreas, en cambio aumentaron las de más de 1000 a 2500 hectáreas.

Esa evolución de la propiedad y manejo de la tierra “refleja la desaparición de la agricultura familiar en el país”, según Teubal. Y enfatiza que “la expulsión masiva de productores agropecuarios y en muchos casos su transformación en rentistas que no laboran su tierra, contribuyen a la transformación del sector en una agricultura sin agricultores”.

El último Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2002 registra 333 mil explotaciones agropecuarias (EAPs) en el país que ocupan una superficie de 174 millones de hectáreas. En comparación con los valores del censo anterior muestra una disminución de 21% (88 mil EAPs) cuando representaban en 1988 mas de 421 mil EAPs y una disminución del 2% en la superficie incorporada a las explotaciones agropecuarias cuando en 1988 éstas ocupaban 177 millones de hectáreas.

La disminución de EAPs tuvo un mayor peso en la Región Pampeana, siendo la misma del 29%, sólo la reducción de esta región explica el 66% de la correspondiente al total del país. En el resto del país, se percibió una caída en el número de EAPs del 14% en promedio.

Los resultados señalan que, conjuntamente con la reducción de las explotaciones a que aludimos, el tamaño promedio de las EAPs aumentó, de 469 hectáreas a 588 hectáreas, es decir, un 25%, lo cual refleja la desaparición fundamentalmente de las más pequeñas explotaciones. El mayor crecimiento se observa en la Región Pampeana, donde la escala promedio se incrementó un 35% (pasando de 400 ha en 1988 a 533 ha en 2002). Cabe destacar que el tamaño promedio de las EAPs en la Argentina es mucho mayor que el que se registra en EUA (la explotación media actual es menor a 250 hectáreas), Europa (la misma se acerca a las 19 hectáreas) u otras partes del mundo.

Otro dato importante es que, para el total del país, se observa una disminución de la cantidad de hectáreas explotadas por sus propietarios (-8,4 millones de ha), y un crecimiento de la superficie explotada bajo distintos tipos de contratos (arrendamiento, aparcería y contrato accidental)

Este nuevo escenario que presenta el campo argentino en todo su territorio nacional, y mas precisamente en la región pampeana, no es sino una consecuencia de las políticas aplicadas desde un modelo que favoreció la especulación sobre la producción, la concentración sobre la diversificación y el fortalecimiento de los grandes propietarios sobre el debilitamiento de los pequeños y medianos productores.

Entre las principales políticas impulsadas, se encuentran la disolución de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la entrega al capital multinacional el control del comercio exterior argentino, los puertos de embarque de nuestra producción, destruir los silos y plantas de almacenamiento de la Junta Nacional de Granos, destruir y privatizar los ferrocarriles -único país en el mundo que destruyó su red ferroviaria, la mayor de América Latina-, privatizar las rutas construidas por la nación y las provincias, privatizando y encareciendo el transporte de nuestra producción.

Parte 2

A partir de estos procesos de desregulación que se dieron en la última década y que provocaron el aumento en la concentración del capital que, junto con la eliminación de toda reglamentación que establezca un precio mínimo o sostén, que permitían estimular determinadas producciones necesarias para el país, corregir distorsiones y proteger al pequeño y mediano productor de la voracidad del “mercado” -los terratenientes y la banca privada, han cortado la capacidad de decisión del pequeño productor agropecuario sobre su producción, los insumos utilizados e incluso las técnicas productivas desarrolladas. A ello se le suma una merma del poder de negociación del precio de venta que tiene frente al acopiador, y en el caso de los transgénicos, frente a su proveedor de semilla. Todos estos factores se suman a la imprevisión que genera la gran variabilidad de los precios internacionales agrícolas, que afectan directamente al productor agropecuario a partir de la desregulación y apertura externa.

Los pequeños y medianos agricultores de la región pampeana fueron los que más se endeudaron: como eran dueños de la tierra, podían ofrecer garantías hipotecarias y como contaban con escaso capital operativo recurrían al crédito bancario para financiar una supuesta reconversión productiva (incorporar tecnologías para aumentar la escala de producción). Mientras los precios cerealeros internacionales fueron favorables, hasta 1995 muchos creyeron que podían lograr el "modelo de agricultura profesional" que los discursos oficiales y periodísticos proponían para la agricultura argentina. Las disminuciones de los precios internacionales, los intereses de las deudas que las llevaron a convertirse en "impagables", y el deterioro de la economía nacional, coadyuvaron para que estos sectores abandonaran la esperanza de las estrategias sociales o salidas "hacia delante" y comenzaran a accionar en el nivel de la protesta social (véase Teubal y Rodríguez, 2001).

Fue una política deliberada destruir el INTA, vaciarlo de contenido y rol, entregando el germoplasma nacional y sus estudios agroecológicos argentinos -una riqueza de carácter estratégico y geopolítico- a las multinacionales granarias y agroquímicas, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y el control independiente de la producción agropecuaria nacional.

Conclusiones y reflexión final

En síntesis lo que se quiere señalar es que, no es que el Estado ha estado ausente sino que el mismo estuvo presente con una política que produjo estos resultados.

Se requiere cambiar la política del Estado hacia el campo por otra política activa, nacional, que reoriente la producción agropecuaria en función de las necesidades del país y no de este grupo de grandes terratenientes vinculados a las empresas multinacionales que desde siempre gobernaron nuestra producción agropecuaria. Es decir volver a pensar en el mercado interno como eje de nuestro desarrollo. Eso implica entre otras cuestiones, una política de retenciones diferenciales, precios sostén y compensatorios, protección de producciones mediante subsidios y créditos especiales, protección del pequeño y mediano productor, una política de recolonización agrícola, de control sobre las propiedades extranjeras sobre nuestra tierra, la recuperación de una política soberana de semillas y de defensa de la producción de las mismas por el productor, devolviendo al INTA el papel histórico jugado en el desarrollo de una tecnología nacional agropecuaria y el control y secreto sobre sus investigaciones.

A veces una pregunta muy sencilla colabora a derrumbar discursos que se presentan como verdades absolutas, pero que en realidad encubren la defensa de mezquinos intereses sectoriales. Aldo Ferrer en “El encuadre macroeconómico de la rentabilidad y el empleo en el campo y la industria”, disparó con el siguiente interrogante: “¿Qué es más conveniente para el sector exportador de productos agropecuarios: un tipo de cambio bajo sin retenciones o alto con retenciones?”. En forma muy didáctica Ferrer señala que la única ventaja de la primera variante “puede ser el acceso a insumos y equipos importados eventualmente más baratos”, pero la evolución en la década del noventa indica que en ese escenario el sector registró elevadas deudas y caída de los precios de los campos, debido a la baja rentabilidad de esa actividad en esas condiciones. Por el contrario, sostiene Ferrer, “en la experiencia reciente, una paridad competitiva con retenciones coincidió con un período de excelente rentabilidad, disminución del endeudamiento, aumento de inversiones y valorización de los campos”.

Es cierto que hay una combinación que Ferrer no contempló para estos momentos y que la Sociedad Rural “Argentina” desearía: un dólar alto y sin retenciones.

Edgardo - Río Cuarto -

embarrado@hotmail.com

Páginas

Conversor de Divisas

Subscribe to RSS - Argentina