Existen dos reformas específicas de este período orientadas a resolver el problema de la equidad: La reforma tributaria y la reforma laboral –que comenzó a discutirse en 1990-.
Para incrementar el gasto social –medida motivada además de la carga moral, por el efecto inmediato que tendría en la demanda agregada-, el cual había experimentado una drástica contracción en la década del ochenta, el gobierno del Presidente Aylwin planteó que para ello se requería disponer de recursos adicionales; para demostrar responsabilidad respecto a los equilibrios macroeconómicos, se señalaba que no habría aumentos del gasto social mientras no se dispusiera de los recursos fiscales correspondientes. Gasto Social que efectivamente se fue incrementando en este período y en los subsiguientes, experimentando leves variaciones (ver anexo 1). La reforma tributaria implicaba un aumento de impuestos por una magnitud equivalente a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB); esta reforma tributaria fue aprobada en el Congreso en un período relativamente breve de seis meses, inclusive con el apoyo de parlamentarios opositores al Gobierno.
Gasto Social Fiscal
Chile 1991 - 2000
AÑOS | (%) de Gasto Fiscal Total | (%) del PIB |
1991 | 67,1 | 13,1 |
1992 | 65,8 | 13,3 |
1993 | 67,0 | 13,9 |
1994 | 67,0 | 13,8 |
1995 | 68,0 | 13,2 |
1996 | 68,0 | 14,2 |
1997 | 66,7 | 14,3 |
1998 | 67,6 | 15,2 |
1999 | 68,5 | 16,5 |
2000 | 70,5 | 16,6 |
FUENTE: Ministerio de Hacienda. Estadísticas de las Finanzas Públicas 1991-2000.
La reforma laboral por su parte, sustituyó la legislación anterior, que se caracterizaba por disposiciones con tendencia a promover la atomización de los trabajadores. La reforma introdujo una serie de disposiciones conducentes a nivelar el poder de negociación de los trabajadores con el de los empresarios, preservando simultáneamente condiciones de flexibilización para enfrentar un contexto externo fluctuante. Adicionalmente, se creó un marco de negociación tripartito: Central Única de Trabajadores (CUT), Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y el Gobierno, para resolver el incremento anual del salario mínimo; esto permitió restablecer el contacto entre las directivas de los trabajadores y de los empresarios y contribuyó a modificar la polarizada y conflictiva relación existente en el pasado. Por primera vez, después de veinte años, se sentaron en una mesa, frente a frente, dirigentes empresariales y laborales para discutir de manera civilizada y tratar de conciliar sus discrepancias en materias laborales; podría decirse que el proceso de interacción entre empresarios y trabajadores fue más importante que el resultado.